CORA - Reforma de las Administraciones Públicas

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La creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) se enmarca dentro del proceso reformista iniciado por el Gobierno, a principios de 2012, dirigido a superar la peor crisis económica en las últimas décadas, corregir los desequilibrios que frenaban el crecimiento de España y crear las bases idóneas sobre las que iniciar un nuevo ciclo de prosperidad económica y empleo para los españoles.

El Consejo de Ministros en su reunión de 26 de octubre de 2012 aprueba el Acuerdo por el que se crea la CORA y se le encomienda realizar un estudio integral de las Administraciones Públicas para identificar las áreas de mejora y las medidas a adoptar para hacerlas más ágiles, eficientes y cercanas a los ciudadanos.

Texto del Acuerdo de consejo de Ministros

Dentro del Programa de Reformas del Gobierno una parte esencial se refiere a la reforma de las Administraciones Públicas. España necesita una Administración Pública austera y eficiente que sea un valor competitivo para nuestro país. Es necesario, en consecuencia, racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. A esta voluntad responde la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que constituye un hito en la gestión de los recursos públicos al establecer objetivos concretos de gasto y endeudamiento para todas las Administraciones, así como la obligación de presentar planes dirigidos a su cumplimiento y los correlativos mecanismos para asegurar su consecución.

Además de la necesidad de abordar el estudio integral de la reforma administrativa, es necesario dar cumplimiento a dos mandatos:

  • La última Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas acordó la creación de un Grupo de Trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial, para elaborar un programa de racionalización administrativa, a fin de eliminar trabas burocráticas, simplificar normativa y procedimientos y evitar duplicidades.
  • En el Programa para la Aplicación del Fondo de Liquidez para las Comunidades Autónomas se ha previsto la creación, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de un grupo de trabajo para acordar un código de buenas prácticas para racionalizar el gasto e incrementar el ahorro.

Se hace necesario, por tanto, hacer un estudio integral que dote a ambos Grupos de trabajo de propuestas concretas y en el que se aborde de forma integral toda la reforma de las Administraciones Públicas.

Adscripción, composición y funcionamiento

La Comisión se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Estará presidida por el subsecretario de la Presidencia y corresponderá la vicepresidencia a la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, mientras que la secretaría será desempeñada por el director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Serán miembros de la Comisión las siguientes personas:

  • Un representante de cada uno de los departamentos ministeriales, con rango mínimo de Director General.
  • Un representante de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno.
  • Un representante del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
  • Un representante del Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia.

Cuando así lo aconseje la naturaleza de los asuntos a tratar, y por invitación del presidente de la Comisión, podrán asistir a las reuniones, con voz pero sin voto, titulares de otros órganos o entidades de la Administración General del Estado.

Subcomisiones.

En el seno de la Comisión se crearán las Subcomisiones que se consideren convenientes, según decida la propia Comisión, con la composición y funciones que ésta determine. En todo caso, se crearán las siguientes Subcomisiones:

  • Duplicidades administrativas. Tiene por objeto identificar y eliminar duplicidades y reforzar los mecanismos de cooperación, de modo que se abarate el coste de la actividad administrativa. En la medida en que las competencias atribuidas a la Administración Local están ya siendo objeto de reforma en un proyecto de modificación de su Ley de Bases, las duplicidades a identificar en este estudio son las que se producen entre la Administración General del Estado y las Autonómicas.
  • Simplificación administrativa. Revisará las trabas burocráticas que dificultan la tramitación de los procedimientos administrativos con el fin de conseguir una mayor simplificación que redunde en beneficio de los ciudadanos. En particular, se solicitará información sobre los procedimientos cuya finalidad requiere, para ser efectiva, la participación de otras Administraciones Públicas, como la creación de empresas. Se integran aquí los proyectos en curso en la Dirección General de Modernización Administrativa.
  • Gestión de servicios y medios comunes. Tiene por objeto centralizar actividades de gestión que, por ser similares o de la misma naturaleza, puedan desempeñarse de forma unificada o coordinada, aprovechando así en mayor medida los medios públicos. En este grupo es fundamental estudiar modelos de éxito implantados en grupos empresariales españoles, de los que se obtendrá información y colaboración.
  • Administración institucional. Se analizará la distinta tipología de entes que la componen, se revisará el marco normativo y los modelos que en él se identifican como óptimos. Se plantearán las modificaciones que convengan en la lista de entidades existentes, para lo cual los Departamentos ministeriales deberán presentar información y las propuestas oportunas.

Las subcomisiones realizarán el trabajo de forma permanente y pueden convocar a otros cargos de la Administración y representantes del sector privado. Informarán periódicamente al pleno de la Comisión del avance de los trabajos.

Finalizado el trabajo, el Pleno de la Comisión trasladará las propuestas correspondientes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su elevación al Consejo de Ministros y traslado a los grupos previstos en los acuerdos de la Conferencia de Presidentes. El plazo para que la Comisión concluya sus trabajos será el 30 de junio de 2013.